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Pero el panorama hoy es distinto. Un fallo en segunda instancia del Consejo de Estado, no solo obliga al gobierno a través del Ministerio de Transporte a tomar cartas en el asunto, sino que da un giro de 180 grados respecto a las necesidades técnicas de los vehículos. El fallo ordena que todos los vehículos nuevos del país deben garantizar (desde el año 2008 según el Decreto 1660 de 2003), la accesibilidad a los vehículos para las personas con movilidad reducida y discapacidad.
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Este fallo hace entre otras cosas que todos los nuevos vehículos en primer lugar para transporte urbano, cumplan simultáneamente la NTC5701 y la NTC5206 del 2009, y además se garantice que para el transporte intermunicipal, especial y escolar se den las mismas garantías y características técnicas para atender los derechos de las personas con dichas condiciones.
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A la luz de la capacidad de reacción del gobierno, vemos que hay una gran falta de planeación para concretar los requisitos de los vehículos y una necesidad afanosa por cumplir una decisión que no tiene marcha atrás.
Las consecuencias llegarán pronto. En primer lugar queda en duda cuáles serán los requisitos que además de la NTC5701 deben traerse de la NTC5206, y que sin duda podría eventualmente retrasar todos los procesos de certificación de producto. Las empresas de Asonicar y en general de la industria nacional, se vienen preparando de forma juiciosa, ordenada y con un alto nivel técnico para certificarse en 5206, pero ahora no sabemos a ciencia cierta cuál será ese mix de requisitos a cumplir. La industria carrocera nacional agremiada en Asonicar ha elaborado y preparado prototipos que ya cumplen totalmente la nueva exigencia normativa NTC5701 desarrollando modelos estructurales, renders y módulos accesibles en compañía de la academia, laboratorios, proveedores y de ingeniería especializada para lograr el cumplimiento de requisitos en este tipo de vehículos. Sin embargo, la dificultad no radica en los vehículos nuevos sino en que es muy probable que aquellos vehículos que se fabricaron desde el 2008 deban adecuarse para que cumplan con la accesibilidad.
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Para cumplir con accesibilidad, un vehículo debe, entre otras: disponer de un medio de ingreso al vehículo para sillas de ruedas y esto se logra con un elevador al interior del bus o una plataforma al nivel del piso del vehículo exigiendo unos mayores anchos de puerta, debe disponerse también de espacios para la ubicación de sillas de ruedas con sus respectivos cinturones y áreas de tránsito de las sillas, las alturas al interior del vehículo deben ser adecuadas para permitir el libre desplazamiento de las personas, tener adecuada señalización acústica y visual, disponer de timbres de llamado y sistemas de seguridad para el usuario, espacio para la ubicación de elementos tales como bastones, muletas o elementos de apoyo físico y otros requisitos más.
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En ese orden de ideas, un vehículo usado que no haya sido diseñado para accesibilidad, inicialmente para cumplir estos requisitos, debe: modificar (romper y reubicar) la estructura del bus incluyendo vidrios, tapizados, puertas y pisos para poder instalar los elevadores o rampas. Además se debe cambiar el número de pasajeros puesto que el área para silla de ruedas, el área mayor de la puerta, el peso de los equipos que se instalen y las áreas de tránsito reducen el número de pasajeros y el número de sillas. Por ejemplo para un microbús urbano que se fabrica para 19 pasajeros, con la nueva disposición fácilmente puede quedar de 14 ó 15 puestos, y respecto al costo, modificar y adecuar el vehículo tiene un impacto económico que puede estar alrededor de los 18 a 20 millones de pesos y los tiempos de adecuación por cada carro pueden incluso superar los 20 días. (Aclaro: el gobierno seguramente no asumirá ningún gasto por lo que todo apunta a que sean las empresas propietarias de los buses las que tendrán que hacer la inversión).
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Todos en algo estamos de acuerdo: el derecho a la igualdad, a la inclusión y a la movilización de todas las personas está por encima de cualquier estimación técnica, económica y política, pero lo que verdaderamente lastima y entristece es que no se tomaron las precauciones ni las medidas a tiempo para evitar que esto pase.
El nuevo gobierno tiene la obligación de entrar en más detalle y menos improvisación; pero nosotros también debemos exigir que como usuarios, como empresarios, como transportadores, como operadores se hagan las cosas de manera planeada, a tiempo y con verdaderos estudios técnicos que ayuden a mejorar nuestra calidad de vida.
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Son varios interrogantes los que quedan: ¿Quién asumirá entonces los costos de adecuación si el gobierno obliga a adecuar el 100% de los vehículos actuales? ¿Cómo se afectará la tarifa de la prestación del servicio?, si todos los vehículos deben contar con elevadores o rampas, ¿será eficiente la prestación del servicio, los tiempos y las frecuencias de los viajes?, ¿existirán vehículos que definitivamente no sean aptos para transformar o no brinden por ejemplo con una altura interna necesaria para movilizar a una persona, o que por su nueva configuración ya no sea rentable?.
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Este es un reto: la industria del transporte debe prepararse y ya no hay marcha atrás. Es hora de cambiar nuestra manera de pensar; muchas veces lo que creemos que es económico puede costarnos mucho más si no somos conscientes de que con la seguridad, con la comodidad y con la accesibilidad no hay peros que valgan.
Ing. Juan Pablo Puentes C.
Director Ejecutivo Asonicar
Asonicar - Asociación Nacional de Industriales Carroceros
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